Hay terrenos ocupados ilegalmente a los que no llega la topadora de Macri: Son 20 hectáreas del Parque Tres de Febrero. Pueden recuperarse para la ciudad, incluidas las 11 que ocupa el predio de La Rural, vendido "a precio vil" por el gobierno de Menem, en una causa que revive tras 20 años de letargo.
Mientras el gobierno porteño carga contra ambulantes y manteras en línea con una de sus mayores preocupaciones: la ocupación ilegal del espacio público, hay un capítulo en la tenencia irregular de las tierras de la ciudad que nadie menciona. Salvo cuando la Justicia Federal interviene y sus sentencias reviven un viejo escándalo que inmortalizó al menemismo. Su zona crítica está cerca del Río de la Plata y se extiende por todo el Parque Tres de Febrero, el espacio verde más grande y antiguo de Buenos Aires que, según la Asociación Amigos del Lago de Palermo, ya perdió el 80% de sus 700 hectáreas en los últimos 80 años.
Desde 1993, la Ley Nacional 24.257 y la Ordenanza Municipal 46.229 prohiben cualquier tipo de cesión de las 130 hectáreas que le quedan. Pero dos años antes, el gobierno de Carlos Menem le vendió la parte más importante del parque a la Sociedad Rural Argentina por 30 millones de dólares, que nunca fueron cancelados en su totalidad. Según los peritos tasadores del Palacio de Hacienda, el terreno valía en 1990, 973 millones de dólares. Las cuentas judiciales fueron claras: el viejo predio, cuya entrada principal está en la esquina de Santa Fe y Sarmiento, fue vendido al 3% de su valor real, es decir, "a precio vil", según calificó la justicia.
El 17 de junio último, el juez federal Sergio Torres procesó por "peculado" al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y embargó sus bienes por 10 millones de pesos. Luego de 20 años de letargo, el caso revivió en enero gracias a un fallo de la Sala II de la Cámara Federal que sostuvo que la causa no había prescripto. Mientras tanto, esos terrenos siguen generando jugosas ganancias, especialmente desde octubre de 2002, cuando la sociedad que reúne a la flor y nata de la oligarquía ganadera argentina concesionó las tierras a La Rural SA, propiedad del empresario y candidato conservador de origen colombiano Francisco de Narváez.
Desde entonces, su empresa acumula cifras mülonarias gracias a la administració
Además de castigar a Cavalio, el juez Torres benefició al ex presidente Menem con la falta de mérito, pero procesó sin prisión preventiva y embargó con montos de 7 a 10 millones a otras diez personas que intervinieron en la operación, entre ellas el entonces presidente de la SRA, Eduardo Agustín Carlos de Zavalía, el ex director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Gastón Figueroa Alcorta, y una decena de funcionarios y tasadores de los bancos Ciudad e Hipotecario.
Con esa decisión, la justicia avanzó en los primeros seis meses de 2010 lo que no hizo en veinte años. En la Legislatura porteña, y contra todos los pronósticos, los diputados que siguen el tema de cerca creen que la investigación podría derivar en la recuperación de los terrenos a favor del despojado Parque Tres de Febrero, pero la ciudad no dice una palabra al respecto.
Las 11 hectáreas de la Rural no son las únicas que la ciudad podría recuperar, y sobre ellas también rige el mismo silencio oficial.
Se debe a que, a contrapelo de los inesperados avances judiciales en esta vieja causa emblemática del menemismo, hay otras 20 hectáreas, compuestas por 200 mil metros cuadrados de espacio verde, que están ocupadas ilegalmente. Es decir, que podrían volver a dominio del Parque sin intervención de un juez y sólo con una decisión administrativa del gobierno PRO, idéntica al decreto que firmó Mauricio Macri el 30 de abril para arrasar 21 puestos ilegales en Liniers con 250 empleados municipales, 70 efectivos de la Policía Metropolitana y una topadora que irrumpió a la medianoche.
El Parque Tres de Febrero es más viejo que muchos barrios porteños. El presidente Nicolás Avellaneda lo inauguró en 1875, pero sus tierras datan de mucho antes. En 1836, Juan Manuel de Rosas, entonces gobernador de Buenos Aires, compró los viejos terrenos de los Bañados de Palermo. En ese perímetro, el caudillo construyó su residencia y su gobernación. Pero todo cambió a partir del 3 de febrero de 1852, cuando Rosas perdió la batalla de Caseros. Las propiedades del derrotado pasaron al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Un cuarto de siglo después, en 1888, apenas se creó la Capital Federal, la Casa Rosada le transfirió el parque a la Municipalidad. El primer director de Parques y Paseos fue el arquitecto parisino Carlos Thays, que además de ampliar y embellecer Palermo junto a Benito Carrasco, también diseñó y perfeccionó el Jardín Botánico, El Rosedal, el Parque Centenario, las Barrancas de Belgrano y las plazas de los Dos Congresos y de Constitución. Thays murió en 1934, luego de crear parques iguales o más grandes que el Tres de Febrero en todo el país. Mendoza, Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Misiones, con su Parque Nacional Iguazú, le deben la creación de sus mejores pulmones verdes.
Para la Asociación de Amigos del Lago de Palermo (AALP), la usurpación de distintas partes del parque porteño data de fines de la década de 1930, poco antes de la muerte de Thays. Sin embargo, en los últimos 20 años, los ocupantes ilegales se han multiplicado.
La larga lista es la que figura al pie de estas páginas, pero no termina ahí. También hay usurpaciones en el Hipódromo de Palermo, cuya playa de estacionamiento, de nombre Gigena, es totalmente irregular, porque ocupa terrenos del parque. A ella se suma el Velódromo Municipal, que tiene un edificio obsoleto hace dos décadas, y la playa de estacionamiento del Campo de Golf que, según la ley, debería ser demolida de inmediato. Pero, al parecer, las acciones de demolición con topadoras están reservadas para otros casos. Por ahora, el Parque Tres de Febrero y la ribera porteña no figuran en las encuestas, sólo en la memoria de algunos vecinos y en algunos expedientes extrañamente olvidados dentro de la burocracia del gobierno porteño. En esos papeles, algunas tierras del parque, como La Rural, ya son parte de un gran negocio. -
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Lo que dice el gobierno
Consultados por Tiempo Argentino, los funcionarios de Espacios Verdes no cuestionaron el informe de la Asociación Amigos del Lago, pero sostuvieron que "algunas hectáreas se recuperaron". De acuerdo con la información oficial, se recuperaron otras 300 que incluyen asociaciones, espacios verdes, hipódromo, espejos de agua y AySA. Sin embargo en ningún momento explicaron donde se ubican esos predios recuperados.
Por el contrario, los amigos del Lago recordaron que mantuvieron dos reuniones con el ministro del área, Diego Santilli. Contaron que en uno de los encuentros, mientras recorrían el parque, el funcio-
nario pudo ver cómo los socios de GEBA "cabalgaban airosamente por el sector que apropiaron y por toda la Plaza Parque Olímpico, destrozándola con sus petisos de polo y pasando por encima de los peatones que osamos caminar por ese espacio verde público." Ese terreno, según la comuna, fue recuperado. El parque 3 de Febrero tiene más de 150 años. Depende de la Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, repartición que condujo el francés Carlos Thays a fines del siglo XIX. Si Thays hubiera visto la actual lista de usurpadores, vale la pena imaginar qué habría hecho con los funcionarios que lo sucedieron.
Punta Carrasco - Ocupa terrenos junto al río y alberga locales sin permiso.
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ParqueTres de Febrero - Fue inaugurado por Nicolás Avellaneda en 1875.
De Narváez - Dueño de La Rural S.A. Cavallo - Procesado por "peculado". Menem - Su gobierno vendió el predio.
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Los usurpadores del Parque 3 de Febrero y de la ribera del Río de la Plata
Buenos Aires Lawn Tennis Club: Los terrenos usurpados son los 4625 m2 de la Plaza República de Pakistán. En 2006, la comuna anunció su recuperación, pero no desmanteló las 4 canchas del predio. Para no hacerlo, en 2007, Jorge Telerman creó la Escuela Pública de Tenis Alejo Russel. Hoy, un permiso habilita a los miembros a usar las canchas.
Club Alemán de Equitación:
Tiene cercados con postes de quebracho unos 10 mil m2 de la plaza Parque Olímpico.
PanterSRL: Hace un año venció la concesión sobre el ex Paseo de la Infanta y todavía mantiene un "cuidador" dentro del terreno. Desde 2006, se denomina Paseo Marcela Iglesias, en homenaje a la nena de 6 años que murió en 1996, luego de que una escultura de hierro de 270 kilos la aplastara. Dos leyes porteñas incumplidas ordenan su construcción y la de otra plaza, en conmemoración del Holocausto.
Fuerza Aérea Argentina: Ocupa 134 mil m2 gracias a una cesión que venció en 19?6. Son los terrenos que rodean al Aeroparque.
Club de Amigos: Su concesión está por vencer, pero la Asociación Amigos del Lago ha denunciado a esa organización por incumplimiento y porque no debería ocupar un terreno catalogado como espacio público. El gobierno porteño presentó la semana pasada un proyecto de ley para ampliar la concesión a 20 años. La oposición pidió que sea archivado y presentó un dictamen para que "el Parque Polideportivo Jorge Newbery sea abierto a toda la población y no al selecto grupo de personas que puedan pagar sus caros y excelentes servicios".
Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires: En 2005, fue desalojado, por orden judicial, de los 17.000 m2 de la Plaza Haití, que ocupó durante 12 años, pero la mitad del predio sigue alambrado. También ocupa otros 15.000 m2 con expansiones ecuestres sobre plaza Parque Olímpico, pero el Ministerio de Ambiente y Espacio Público sostuvo que "se recuperaron 6 hectáreas de la usurpación de GEBA", entre ellas la Plaza Ecuador de 1,5 hectárea, y que se crearía "el Bosque Homenaje a las Víctimas de Cromañón, en una hectárea también recuperada de GEBA".
Punta Carrasco y Costa Salguero: Ocupan terrenos junto al río y albergan decenas de locales comerciales sin permiso. En 2008, Mauricio Macri le renovó la concesión por decreto, pero el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11, Fernando Juan Lima lo anuló por inconstitucional. El letrado recordó que ese predio fue catalogado como UP (Urbanización Parque) en el Código de Planeamiento Urbano y, por lo tanto, Macri "carece de competencia" para renovar su concesión, pues "es la Legislatura el único órgano constitucional habilitado para modificar el mencionado Código". Esa misma calificación tienen las hectáreas que ocupa Costa Salguero desde 1991. En 2009, el juez Roberto Gallardo ordenó la clausura y desalojo de 19 de los 23 locales instalados, pero la medida no se concretó porque los inspectores del gobierno porteño no asistieron. Los dos casos siguen en litigio, pero la semana pasada la Comisión de Ecología de la Legislatura estableció que "la totalidad de la costa porteña es de uso público, de libre acceso y circulación".
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